Economia

La reforma de pensiones pondrá fin en 2022 a la ‘paguilla’ de los jubilados

  • El cambio del IPC previsto por el de los 12 meses anteriores eliminará volatilidad
  • La factura de la última compensación ascenderá hasta los 2.000 millones

La primera pata de la reforma de las pensiones acordada recientemente en el seno de la mesa de diálogo social recoge en uno de sus puntos fundamentales para la garantía de conservación del poder adquisitivo de pensionistas y jubilados que la revalorización anual de las pagas se realice conforme al avance de la inflación. Sin embargo una modificación en el mecanismo para la subida hará que se ponga fin el próximo año a la conocida como paguilla compensatoria, que es un abono que se realiza a año vencido a todos los pensionistas en el caso en que la revalorización efectuada a principios del año en base a la previsión de IPC sufra una desviación, en caso de que al final del ejercicio la inflación sea mayor que la subida. Ese abono, se suele hacer en el mes de febrero del año siguiente -observando el IPC correspondiente al mes de noviembre- y la de 2022 será la última de la historia de nuestro país, una vez entre en vigor la nueva norma.

El nuevo mecanismo de revalorización eliminará ese factor de incertidumbre sobre si la evolución de la inflación es tal y como se había se previsto, o se producen desviaciones que a posteriori es necesario compensar. Así, para la subida de enero de 2022, ya estaría en vigor la nueva ley según los tiempos que maneja el Ejecutivo de aprobación del proyecto de ley que iniciará en septiembre los trámites parlamentarios para ver la luz, previsiblemente, antes de que finalice este año. Desde ese momento, la revalorización anual de las pensiones no se hará nunca más en base al IPC previsto para ese año sino que se llevará a cabo en función del IPC medio del año anterior. Por ello, no será necesario volver a compensar estas desviaciones en la previsión, ya que la subida se hará en base a la subida de precios registrada en los meses anteriores y no en base a la estimación de los siguientes, sujeta a la incertidumbre de un indicador que ha demostrado un alto nivel de volatilidad ante los eventuales shocks económicos, como se ha demostrado en 2020 y 2021 con motivo del impacto de la pandemia.

Un elemento que sí subyace de este nuevo sistema de revalorización es que habrá periodos del año en el que se pueden producir ganancias o pérdidas de poder adquisitivo. En este caso, la garantía del mantenimiento de poder adquisitivo llega por la subida que se nivela en función del coste de la vida de los meses anteriores. Sin embargo, durante esos meses se puede dar la situación de que la subida efectuada en el inicio de año y el comportamiento del IPC no estén acompasados, precisamente debido a esa incertidumbre que conlleva. En ese caso, se podría la situación de que la subida -con la inflación de los doce meses anteriores- sea igual, menor o mayor que el nivel del IPC en curso. De cualquier manera, aunque a posteriori, todas estos desniveles entre el aumento de las pagas y el alza de precios se igualan en la subida del siguiente año.

La cifras de la última paguilla

En este sentido, con motivo del cambio de modelo, la Seguridad Social afrontará a comienzos del próximo año un rally de pagos a los pensionistas que amenazan con tensionar las arcas del sistema. Por un lado, al ser 2021 el último en el que presumiblemente esté en vigor el actual modelo de revalorización, y al haberse producido -ya se asume desde el Gobierno en base a las estimaciones de los organismos internacionales y nacionales de estudios económicos- una desviación entre la subida efectuada a comienzos del presente ejercicio -la revalorización se situó en el 0,9% mientras que Funcas ya eleva la previsión del IPC para el conjunto del año al 2,5%– en febrero del próximo año, el Gobierno deberá compensar, de momento, ese 1,6% de desviación entre el incremento de las cuantía y el comportamiento de los precios de consumo. Una operación que se llevará a cabo de forma ordinaria, como ha ocurrido en años anteriores de desviación al alza del IPC, tal y como apuntan fuentes oficiales.

De llegarse al final de año con esta tendencia y confirmarse esta desviación del 1,6%, solo como concepto de compensación a abonar en el mes de febrero la Seguridad Social debería de hacer un desembolso de 2.000 millones de euros. Todo lo contrario a lo ocurrido en este año, donde con motivo del desplome de precios acusado durante todo el 2020 por la caída de actividad económica general, la inflación terminó en negativo (-1%), mientras que justo antes del estallido de la pandemia, en enero de ese año, se fijó un incremento de las pagas del 0,9%. Como consecuencia, en febrero de este año al haber sido la desviación positiva para los jubilados en términos de ganancia de poder adquisitivo, del 1,9%, no se procedió a efectuar la compensación, que de haberse dado, debería haber supuesto una merma de las prestaciones, por la caída del IPC.

Aunque este extremo de reducción de las pagas en años de desviación ventajosa para los pensionistas nunca ha estado previsto en los procesos de revalorización de las pagas. E incluso se llegó a descartar este extremo para el otro sistema de actualización de las pagas propuesto por el Gobierno pero que cayó finalmente en saco roto en la mesa de diálogo social, por el que la subida se hacía con los IPC de los tres años anteriores pero que en caso de ser negativo, no supondría una merma de las cuantías.

Con todo ello, el Gobierno afrontará un nuevo engrosamiento de la factura mensual de las pensiones durante el próximo ejercicio, sobre el ya abultado desembolso anual de 165.000 millones de euros, que supone en torno al 10% de PIB. Es más, el Ejecutivo ha plasmado en sus planes de la reforma remitidos a Bruselas. Precisamente, en este plano, el Gobierno ve aún margen para elevar el coste de esta partida presupuestaria si se compara con el esfuerzo del resto de países del entorno comunitario. Serían unos 3 puntos porcentuales de PIB de gasto en la partida de pensiones los que el Ejecutivo ve viable aumentar en los próximos años para acercar el desembolso al de los vecinos de la UE, donde de media se destina un 13% de PIB. En España, según los últimos cálculos de AIReF, esta cifra ascendió en 2019 al 10% del PIB, de modo que aún habría margen de unos 36.000 millones de euros. Llegados a ese punto, habría que tener en cuanta que la nómina anual de las pensiones supondría casi 200.000 millones de euros para el Estado.

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