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Ximo Puig pide más fondos con un impuesto para Madrid con su política de subvenciones en entredicho

La Sindicatura de Cuentas recrimina a la Generalitat el reparto de ayudas públicas a dedo sin justificar

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha puesto en pie de guerra a los empresarios madrileños al plantear un impuesto específico para las rentas altas en la capital de España con el objetivo de que reparta con el resto de autonomías su «plus de riqueza». La patronal cree que la propuesta del dirigente socialista, basada en la conocida como «tasa Collier» y dirigida a gravar a los «ricos de la metrópoli», pretende ocultar un «enorme fracaso» en su gestión.

Al respecto, la querencia del Gobierno de coalición que forman el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos por las ayudas directas sin concurrencia competitiva le ha valido los reproches de la Sindicatura de Cuentas.

El último informe de fiscalización de la gestión financiera de la Generalitat, correspondiente al ejercicio 2019, recrimina al Ejecutivo de Puig que «las fichas presupuestarias de transferencias y subvenciones previstas en la Ley de Presupuestos no recogen el modo de concesión en sesenta líneas de subvenciones, por un importe conjunto de 2.469,1 millones de euros».

Al respecto, la Sindicatura de Cuentas recuerda que las ayudas de concesión directa deben tener el «carácter excepcional que les atribuye la normativa de aplicación». El informe pone el foco en una línea que concede Presidencia de la Generalitat.

En concreto, señala que en el seguimiento de las subvenciones directas para la «Promoción sociocultural de la Comunidad Valenciana» se mantiene la «falta de acreditación de las razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública y que fundamenten su régimen excepcional, sin ajustarse a los principios generales de publicidad y concurrencia».

Dentro de esta línea de ayudas, dotada para este año con 700.000 euros, la Generalitat ha dado subvenciones a dedo por importe de 40.000 euros a las fiestas del Sexenni de Morella, el municipio de Ximo Puig, o de 80.000 al sindicato UGT para la celebración de su congreso federal en Valencia, que contó con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al margen de este tipo de ayudas con un procedimiento puesto en cuestión por la Sindicatura de Cuentas, el juzgado de instrucción número cuatro de Valencia mantiene una investigación abierta por las subvenciones recibidas por las empresas de los hermanos de Ximo Puig y sus socios. El PP calcula que el fraude puede ascender a los dos millones de euros.

Deuda desbocada

Desde el prisma estadístico, la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía más endeudada de España en términos absolutos (51.117 millones) y la primera en relación a su Producto Interior Bruto (el 49 por ciento).

En 2015, cuando Puig accedió a la Presidencia, la deuda pública valenciana ascendía a 42.000 millones (9.000 menos que ahora), de acuerdo con los datos del Banco de España.

La Comunidad Valenciana comparte con Cataluña algo más que el ser las autonomías con mayores números rojos. Puig, de hecho, enarbola un discurso sobre la fiscalidad de Madrid que se asemeja al de las formaciones independentistas con acusaciones como la de un «procés invisible».

Además, el presidente valenciano, que propugna una suerte de «commonwealth mediterránea», no ha dejado de tender puentes con los dirigentes separatistas: primero con Carles Puigdemont y en la actualidad con Pere Aragonés.

Ayudas al catalanismo

Todo ello trufado de una política de subvenciones a entidades cercanas al soberanismo catalán en la Comunidad Valenciana que solo en el ejercicio 2020, marcado por la pandemia, superaron los tres millones de euros entre las distintas Administraciones Públicas.

La Generalitat Valenciana ha primado en algunas de sus decisiones estratégicas aspectos ideológicos por encima de la eficiencia económica. El caso más paradigmático es el de la reversión de la concesión del hospital de Alzira a Ribera Salud, que le ha costado una media de 75 millones anuales a las arcas públicas. Para octubre está previsto que haga lo propio con el hospital de Torrevieja. Una auditoría de la Sindicatura de Cuentas indica que la gestión indirecta supone un ahorro del 30 por ciento respecto a los hospitales administrados por la Generalitat, lo que supone unos 45 millones al año.

Una sentencia del Tribunal Supremo fechada el 1 de julio al hilo de la reversión del hospital de La Ribera establece que las actuaciones del sector público que afecten a gastos o ingresos deberán «valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera». Una jurisprudencia que la Generalitat también deberá tener en cuenta para la reversión de concesiones de la gestión de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos.

Aumento del gasto

Mientras Puig reclama un impuesto adicional para los madrileños con el fin de lograr más fondos, la Generalitat ha tomado decisiones en materia de incremento del gasto como la reapertura de la televisión pública, ahora con el nombre de À Punt, con un presupuesto anual de 55 millones.

Sin embargo, la Generalitat atribuye el aumento de su deuda a la infrafinanciación. Aunque el actual modelo le perjudica, sus números rojos crecen más que en otras regiones con la misma problemática, como Andalucía o Baleares. Puig reclama una reforma «inaplazable» del sistema por el que el Gobierno del PSOE no ha movido un dedo.

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