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Transparencia no ve necesario detallar los miembros del ‘Ministerio de la Verdad’

Madrid, 04/02/2020. Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros con la ministra portavoz, María Jesús Montero y el ministro Luis Planas. Foto: Jaime García. ARCHDC

El Consejo asume los argumentos del Gobierno y desdeña el interés general que despierta este caso, en el que están en juego derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información

El Consejo de Transparencia no ve necesario que se identifique a los miembros de la Comisión Permanente contra la Desinformación, popularmente conocida como ‘Ministerio de la Verdad’, entidad sobre la que recae la potestad para controlar las ‘fake news’ y monitorizar las campañas de desinformación en España. Al contrario que en casos similares, véase el comité de expertos al que recurrió el Ministerio de Sanidad durante la pandemia, Transparencia defiende que no hay motivos suficientemente contundentes para identificar a las personas que integran un comité cuyas decisiones podrían llegar, como advirtieron las asociaciones de periodistas en su día, a colisionar con derechos fundamentales como la libertad de expresión o de información.

Este diario solicitó a través de los mecanismos de Transparencia la composición del organismo

, a lo que el Ministerio de Presidencia, de quien depende bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Comunicación, hace meses que se negó a arrojar luz. Defendió que únicamente es necesario detallar los distintos departamentos de la Administración que aportan representantes a dicho comité, ya que estas personas van rotando y son funcionarios. ABC, ante la relevancia del caso, recurrió esta resolución ante el Consejo de Transparencia poniendo sobre la mesa como argumento fundamental el interés público.

El artículo 15.2 de la ley de Transparencia establece lo siguiente: «Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano». A ese precepto recurrió, entre otros, el propio Consejo de Transparencia para armar la resolución con la que, meses atrás, obligó a Sanidad a facilitar los nombres de los miembros del comité de desescalada, pero en esta ocasión Rodríguez no entra ni a valorar este extremo y asume, punto por punto, los argumentos del Gobierno.

«Este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no aprecia razones objetivas que contradigan lo afirmado por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en el sentido de que el procedimiento hace alusión a órganos y organismos que en cada reunión son representados por funcionarios o personal laboral conocedores del tema a tratar en cada caso», subraya Rodríguez en dicha resolución, para después continuar con la negativa: «En consecuencia, no nos encontramos ante un supuesto similar al que indica el reclamante en relación con los integrantes del comité de desescalada, dado que en este caso no se trata de un órgano con una composición estable sino que se determina por los órganos u organismos que la integran para cada reunión. Por tanto, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados anteriores, la presente reclamación debe ser desestimada».

En la sombra

Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y uno de los mayores expertos en Transparencia de España, considera que ambos casos -el del comité de desescalada y el del ‘Ministerio de la Verdad’- son equiparables. Por ello, no encuentra fundamento a la negativa de la institución que preside Rodríguez, el hombre designado por Pedro Sánchez para velar por la Transparencia. «A ver cómo explicas que en el caso del comité de expertos de Sanidad haya un interés general y en este, que puede estar en juego una vulneración de la libertad de expresión, ni lo valores», subraya Blanes, que insiste en que el Consejo no debería obviar las alegaciones de ABC: «Si se plantea que hay interés general en unas alegaciones, debe entrar a valorar por qué sí o por qué no lo hay».

«A ver cómo explicas que en el caso del comité de expertos de Sanidad haya un interés general y en este, que puede estar en juego una vulneración de la libertad de expresión, ni lo valores»

El ‘Ministerio de la Verdad‘ está compuesto, según la ley porque no han trascendido más datos, por una serie de representantes designados por distintos gabinetes del Gobierno. Se trata de la Secretaría de Estado de Comunicación, del Departamento de Seguridad Nacional (Presidencia), el Centro Nacional de Inteligencia (Defensa), la Secretaría de Estado de Seguridad (Interior), la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes (Exteriores) y la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial (Asuntos Económicos). A todos ellos también se les pueden unir expertos de reconocido prestigio procedentes tanto de la Administración como del sector privado y en sus manos está la importante misión de controlar las noticias falsas y las campañas de desinformación.

Por el momento, y pese a la polémica que despertó la creación de esta comisión en el marco del mecanismo contra la desinformación, nada se sabe: ni las reuniones que ha mantenido, ni quiénes forman parte de ellas, ni quiénes son los expertos convocados, ni qué determinaciones han tomado hasta el momento. Con este dictamen del Consejo de Transparencia, Rodríguez crea precedente y se antoja, más difícil si cabe, conocer cómo opera esta comisión. Parece como si Transparencia no estuviera demasiado por la labor de arrojar luz sobre este comité.

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