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Sánchez seduce a los fondos y UP avisa: «Se bajarán los alquileres»

La nueva titular de Transportes retoma los contactos con Podemos, con la misma propuesta de alquiler de Ábalos

El presidente del Ejecutivo asegura a los grandes fondos una norma ‘blanda’ que no espantará inversiones

La ley de vivienda continúa atascada seis meses después de la fecha que la coalición de Gobierno PSOE – Unidas Podemos (UP) fijó en octubre para llevarla al Congreso. Así, la negociación sigue encasquetada en el mismo punto: la regulación de los precios del alquiler. Una pelea que mantiene en pie de guerra a las dos formaciones, agravada ahora a ojos de la formación morada tras la reunión de Sánchez con los grandes fondos durante su visita a Estados Unidos hace apenas dos semanas.

Porque mientras Unidas Podemos continúa insistiendo en la aplicación de mecanismos que lleven a la bajada y al tope de los precios del alquiler, Sánchez prometió a los grandes fondos estadounidenses, una ley de vivienda ‘blanda’ y un entorno amable para las inversiones, según aseguran fuentes presentes en la reunión que se produjo en Nueva York.

Como afirman estas mismas fuentes, Sánchez respondió a la preocupación de los fondos – que miran con incertidumbre las idas y venidas de una ley puesta sobre la mesa hace 18 meses – con un tono tranquilizador; mostrándose bastante taxativo al asegurar que la futura ley no dañará el valor de las inversiones y que «su verdadero deseo es apostar por la colaboración público – privada, para construir vivienda social y fomentar el mercado del alquiler».

Lo cierto es que más allá del contenido de la reunión, el encuentro fue reprobado por sus compañeros de Gobierno que recordaron a Sánchez que no habrá norma sin regulación que baje los precios de los alquileres. Lo hizo en boca de la titular de Podemos en las negociaciones, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que aseguró que la futura ley «cumplirá con el acuerdo de Gobierno e incluirá la regulación de los precios». A la vez que mandaba un recado al presidente del Ejecutivo: «Los fondos buitre no votan en el Congreso de los Diputados». Un nuevo tumulto que llevó a la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez,a sentarse por primera vez en la mesa de negociación con Belarra el pasado miércoles.

Con este encuentro, según aseguran fuentes del ministerio, la nueva titular que relevó a José Luis Ábalos el pasado 12 de julio, buscaba retomar el contacto con sus socios de Gobierno y dar un impulso a las negociaciones «con el fin de aprobar esta ley a la mayor proximidad posible».

Pero todo indica que los plazos se seguirán dilatando, ya a las puertas de agosto, y no habrá nuevas llamadas hasta septiembre. Lo que consecuentemente llevará la negociación al límite, viéndose comprometida al apoyo o no de Podemos a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

Sin cambios

Por el momento, la negociación no adopta nuevas vías. UP esperaba un cambio de criterio con el cambio de cromos en el ministerio, pero la propuesta para los alquileres del PSOE no ha cambiado una coma de la de Ábalos, según ha podido saber este periódico.

En las intenciones de Podemos de hacer una regulación del alquiler a la ‘catalana’, Belarra creía haber visto fumata blanca en el hecho de que la nueva titular de Transportes ya había pedido establecer los topes al alquiler en Gavá, cuando ocupaba la alcaldía del municipio catalán. Pero nada más lejos de la realidad, la posición del PSOE sigue bloqueada en la propuesta de congelar los contratos de alquiler en las áreas que se denominen como tensionadas durante tres años. Es decir, en «aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población», según el PSOE, que además mantiene el mismo equipo de negociación. La última fórmula sugerida para la regulación de los alquileres también contemplaba un tope máximo de subida del 10% para los nuevos contratos y un sistema de incentivos fiscales para los propietarios que decidan bajar los arrendamientos.

Como otro de los platos fuertes, la proposición también recogía la congelación de la duración de los contratos, como ya adelantó este periódico. De manera que «el arrendatario pueda acogerse a su finalización a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor», según acreditaba el texto de Transportes. Por lo que los contratos se prolongarían de manera forzosa a razón del inquilino que podría continuar en la vivienda pagando el mismo precio más allá de los cinco años que fija la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Esta batería de medidas parecía que en un principio conseguía calar en el ministerio de Belarra, pero finalmente fue rebotada a Transportes. Por lo que, desde Unidas Podemos, continúan insistiendo en que los mecanismos de bajadas de precio son de los PGE de este año.

Castigar a grandes tenedores

Otro de los puntos que enquista la negociación se encuentra en la visión dispar que ambos tienen de cómo actuar en materia de vivienda social. En este sentido, Unidas Podemos pretende castigar a los ‘grandes tenedores’ de vivienda. Un concepto aún por definir, pero que abarcaría sobre todo a grandes inversores y fondos, algunos de ellos reunidos con Sánchez en Estados Unidos hace dos semanas.

Para ello, Belarra propuso que fueran estos propietarios quienes resolvieran el «problema habitacional que sufre España» disponiendo del 30% de su cartera, para así «conseguir aumentar el parque público de vivienda en 150.000 más». Algo que tampoco acabó de seducir al ala socialista, que apuesta por incrementar el parque social a través de la colaboración público – privada.

En el punto donde sí hay consenso es en el del sancionar a las viviendas vacías. Ambas formaciones acordaron un recargo del IBI como fórmula de castigo, aunque no trascendió la cuantía de dicho gravamen. Con esta medida esperan fomentar la entrada de más pisos al mercado del alquiler en España.

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