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Los riesgos de un relato oficial de la Guerra Civil

Los historiadores coinciden en los escasos conocimientos sobre el siglo XX que tienen los jóvenes, pero desconfían de que la nueva ley sirva para enmendar estas carencias

El proyecto de Ley de Memoria Democrática incluye un capítulo dedicado a «promover, fomentar y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas».

El texto no especifica de momento cómo se van a impartir «estos valores democráticos» en los colegios, institutos y en los centros de formación profesional, aunque fuentes de La Moncloa apuntan a que se buscará incluirlos en la asignatura de Ética y de orientar hacia el siglo XX el temario de Historia, donde apenas suelen llegar la mayoría de profesores con tanta carga en tan pocos meses de curso. En resumen, menos Atapuerca y más Guernica.

La Guerra Civil y la Dictadura se estudian, según los planes de la mayoría de las comunidades, en todos los cursos de la ESO y en Bachillerato, pero, sobre el terreno, solo se hace de forma algo profunda en el último curso. El Gobierno justifica la nueva ley en base a esta carencia de conocimientos entre los más jóvenes y en la necesidad de poner más énfasis al pasado reciente del país.

«El programa de la asignatura de Historia es muy denso y hay que hacer auténticas cabriolas para llegar hasta el final. «En siete años dando clases en la ESO nunca he podido completar el programa, de modo que dar en profundidad la historia contemporánea, que además requiere mucho contexto, es materialmente imposible», explica el historiador Jagoba Álvarez Ereño, profesor de secundaria en un instituto del País Vasco, que considera que el debate es más complejo que simplemente añadir más madera a las calderas: «Se trata de elegir si queremos estudiarlo todo de forma leve o menos, pero de forma más profunda».

«Los jóvenes que llegan a la universidad en general saben muy poco de Historia. El conocimiento es mínimo, anecdótico. Alguno me ha llegado a preguntar si Azaña se escribe con H… No le damos la suficiente atención, lo cual me asombra mucho cuando estamos constantemente hablando de crear un sentimiento de nación», asegura Ángel Bahamonde, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III.

Ambos coinciden en la necesidad de ir más allá de mejorar los planes de estudio en torno al siglo XX. «La experiencia me ha enseñado a desconfiar de los planes de despachos, que lo aguantan todo sobre el papel pero luego son muy difíciles de encajar», apunta Álvarez Ereño, que valora como positivo el aspecto educativo de la ley. No obstante, echar más contenidos encima de los cebados planes de estudios no soluciona nada: falta tiempo, medios, profesores, aulas.

Para el historiador Roberto Villa, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, la falta de conocimientos de los adolescentes es solo la excusa elegida por el Gobierno para enmascarar sus planes de imponer un relato interesado de los hechos históricos.

«Los universitarios llegan con unos conocimientos muy superficiales, pero no solo de ese periodo, que al menos les suena y saben quién es Franco, sino de todos. No es eso: aquí de lo que estamos hablando es del intento del Gobierno de imponer un relato obligatorio, inamovible, presentista, que responde a sus necesidades políticas, sobre la República y la Guerra Civil en el sistema educativo. Todo ello respaldado por un aparato coactivo para evitar que los que discrepen puedan ofrecer un relato alternativo», advierte Villa.

Un relato único

Este historiador emplaza al preámbulo del anteproyecto de ley, «un texto para reírse y asustarse a partes iguales», para entender en qué consiste el relato que se va a difundir en el sistema educativo.

En el documento publicado en noviembre de 2020 se hablaba de varios conceptos que, en opinión de este profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, no se sostienen historiográficamente: «No son tesis académicas, sino interpretaciones propias de la propaganda republicana de los años cuarenta, donde se habla de la Guerra Civil como ‘la Guerra de España’ y se da a entender que no fue una contienda entre españoles, sino entre la oligarquía y todos los demócratas. El texto se queda, por ejemplo, en los juicios de Núremberg sin mencionar la amenaza que fue el comunismo para las democracias».

La propia confección del texto está envuelta en la neblina, y ni siquiera se sabe con certeza si entre los autores han participado historiadores, «aunque lo que está claro es que el nivel de conocimientos del responsable deja mucho que desear», en palabras de Villa.

Álvarez Ereño, sin embargo, considera que en la historiografía española existe hoy suficiente consenso con las líneas generales planteadas por la ley, y que «nadie debería temer» a una normativa de esta naturaleza: «Es evidente que el relato que puedan tener el PSOE y el PP es diferente, pero aquí de lo que se debería tratar es de hacer un reconocimiento y una reparación a las víctimas de la represión sin entrar ni siquiera en cuestiones ideológicas sobre los hechos».

Apología del Franquismo

Uno de los puntos más controvertidos de la ley, y que más impacto puede tener en la labor de los profesores y de los historiadores, es si quienes se desvíen de este relato oficial de los hechos estarán haciendo «apología del franquismo» y serán sancionados por ello.

Frente al temor a que la normativa pueda impedir a los investigadores hacer un análisis real de lo que fue la Segunda RepúblicaBahamonde confía en que, «al igual que en la anterior ley, no suponga nada extraordinario para el mundo académico, donde el derecho de cátedra es sagrado».

El catedrático de la Carlos III estima imprescindible que el tema de la apología «quede muy definido y claro» en la ley para evitar que pueda perjudicar a la «buena salud de la que goza la historiografía contemporánea» en España.

Villa se muestra menos confiado en la buena fe de quienes están detrás del texto legal: «Lo que buscan al final es deslegitimar al oponente, sacar del espacio público a quien ofrezca una interpretación diferente al etiquetarlo de franquista».

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