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El PSC se abstiene en la votación del fondo público para avalar las fianzas del “procés”

El Parlament convalida el decreto impulsado por el Govern Aragonès para hacer frente a los 5,4 millones del Tribunal de Cuentas. Los comunes se suman a los socialistas

Último pleno, intenso y de sorpresas en el Parlament antes del parón de las vacaciones. El PSC, el partido de Salvador Illa en Cataluña, ha respaldado con su abstención el decreto del Govern de Pere Aragonès (Esquerra) para crear un fondo que avale con recursos públicos –a través del Institut Català de Finances, el «ICO catalán»– las fianzas interpuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos del Govern, entre ellos a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Artur Mas.

El Parlament ha validado el decreto con la mayoría absoluta (74) de los votos a favor de ERC, JxCat y la CUP. Los comunes, la facción que cobija a Podemos en Cataluña, se ha abstenido igual que el PSC tras conocer el dictamen favorable –con matices– del Consejo de Garantías Estatutarias, que el propio Illa había solicitado. El PP, Cs y Vox han votado en contra.

Pese a la vía abierta con la abstención de todo el grupo parlamentario, los socialistas se han mostrado críticos con la manera con qué la Generalitat ha impulsado la norma y el uso del ICF, un organismo público, para avalar un montante que asciende a 5,4 millones de euros, y reclamaron mejoras en su tramitación final.

Una respuesta al anuncio del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, (JxCat) quien ha propuesto a los grupos que apoyaran la tramitación como ley del decreto del Govern para afinar el texto inicial en ese segundo proceso. Y es que Giró ha planteado que estas modificaciones se incorporen en el proceso de tramitación de la ley que regulará este fondo y que, una vez aprobada, reemplazará al decreto actual, algo que han apoyado todos los grupos menos Cs, que se ha abstenido, para así poder introducir cambios y enmiendas.

La jornada, eso sí, ha vuelto a ser maratoniana en el Parlament. Este jueves era el último día para que se posicionara el Consejo de Garantías Estatutarias con un dictamen no vinculante pero definitorio a nivel político. Y el aval ha llegado a media tarde, con el pleno suspendido a la espera de la resolución para votar el decreto al filo de la noche. El Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano consultivo que vela porque las normas catalanas se ajusten a la ley, ha dado luz verde y ha avalado el decreto de la Generalitat para crear un fondo con 10 millones de euros que avale las fianzas requeridas por el Tribunal de Cuentas de 5,4 millones mediante el Institut Català de Finances (ICF) tras las citadas peticiones de PSC, y también de PP y Cs.

Eso sí, pese al «OK final» por unanimidad, el organismo recomienda retocar algunos artículos de peso. En concreto, el dictamen sugiere modificar el artículo 4.7, el artículo 5 y la disposición transitoria del decreto, que hace referencia a que si no se consigue que una entidad financiera privada se haga cargo de los avales, sea el ICF, un organismo público, el que avale esas fianzas como ha acabado ocurriendo.

De hecho, el organismo advierte de que el sistema de avales y contraavales de la Generalitat sufragado finalmente por el «ICO catalán» debe ser «excepcional y muy limitado en el tiempo» dada su «naturaleza pública» y pide especificar durante cuánto tiempo el ICF asumirá el aval. El organismo también reclama concretar con qué tipo de sentencia los supuestos condenados deberían devolver el dinero al tratarse de fondos públicos.

Un dictamen que el Gobierno de Pedro Sánchez estudiará y también será analizado por la Abogacía del Estado «a los efectos de preparar su informe jurídico», solicitado por el propio Tribunal de Cuentas ante las dudas que genera el sistema de avales de la Generalitat.

Cabe recordar que, después de la fallida búsqueda de un banco que actuara de avalista, la Generalitat decidió que fuera el Institut Català de Finances el que avalara los 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos de la Generalitat por los gastos en la promoción en el exterior del «procés» entre 2011 y 2017. Un movimiento que supuso la rectificación expresa del titular de Economía, Jaume Giró, quien había asegurado que el ICF no se haría cargo de la operación por temor a comprometer a sus empleados. La Fiscalía ya investiga a su junta de gobierno.

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