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El precedente del fallo que negó legitimación a la Abogacía del Estado para reclamar el dinero de Cataluña

Los servicios jurídicos de la Generalitat llevan años poniendo sobre la mesa el argumento de que el destino de los fondos compete solo al Gobierno autonómico; el Tribunal de Cuentas les dio la razón

No es la primera vez que el argumento de la legitimación de la Abogacía del Estado para reclamar fondos de una comunidad autónoma está sobre la mesa del Tribunal de Cuentas. Los servicios jurídicos de la Generalitat ya lo llevan defendiendo desde que el órgano fiscalizalizador empezó a investigar el desvío de fondos en el referéndum de Artur Mas el 9 de noviembre de 2015, si bien las alegaciones no prosperaron durante la instrucción del procedimiento y el abogado del Estado se mantuvo proactivo hasta al final. Pero llegó el momento de la sentencia, y en ella la instructora Margarita Mariscal de Gante vino a dar la razón a la Generalitat al sostener en la sentencia que la Abogacía

 del Estado no puede entrar en el desvío de fondos que se realice en una comunidad autonóma y que el perjudicado por esa acción no es más que el gobierno que gestione esos fondos. Dicho de otra forma: el dinero que el Estado dio a la comunidad autonóma ya es dinero «catalán» y la perjudicada es la hacienda pública catalana.

Este es el precedente al que se agarra ahora el Ejecutivo para justificar por qué la Abogacía del Estado se retirará del procedimiento y no reclamará en el Tribunal de Cuentas el dinero desviado para la acción exterior por el anterior gobierno de la Generalitat, cuyos servicios jurídicos, a su vez, no se consideran perjudicados. A partir de ahora es la Fiscalía la que tiene que velar por que el dinero de los catalanes regrese a las arcas públicas autonómicas.

El desistimiento de la Generalidat no es razón suficiente para reconocer legitimación activa a la Administración del Estado, señaló la sentencia de Mariscal de Gante de 2018, ratificada en 2019 por el propio órgano fiscalizador. «Las Leyes Orgánica y de Funcionamiento de este Tribunal de Cuentas tienen presente la posibilidad de que la entidad pública perjudicada pueda permanecer pasiva ante actuaciones dañosas para sus fondos públicos, y por eso establecen la legitimación activa del Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones de responsabilidad contable, así como el carácter público de dichas acciones (…). La ley considera suficientes, por tanto, la legitimación activa del Ministerio Fiscal y la posibilidad de ejercicio de la acción pública para asegurar la defensa del interés público en la reparación de los daños causados a los fondos públicos por sus gestores, ante una eventual pasividad de la entidad presuntamente perjudicada. Por otro lado, la regulación legal implica que la valoración acerca de si deben o no ejercitarse acciones de responsabilidad contable -y, en su caso, en qué medida- cuando la entidad presuntamente perjudicada no lo hace se confía legalmente al Ministerio Público y a los sujetos legitimados para el ejercicio de la acción pública, y no a la Administración del Estado”.

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