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El independentismo intensifica su campaña contra el mayor Trapero

El Govern retira al jefe de los Mossos el control de los escoltas y los ultras piden su cese

El independentismo catalán radical sigue sin perdonar a Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d’Esquadra, que durante los meses de septiembre y octubre de 2017, el momento de mayor tensión del ‘procés’, jugase a dos bandas, en el mejor de los casos, y después defendiera ante el Tribunal Supremo que tenía un plan elaborado -nunca visto- para detener al entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en caso de que la Justicia se lo ordenase.

Ahora, sectores minoritarios pero ruidosos, sobre todo en las redes sociales de internet, alentados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) quieren aprovechar un cambio en la estructura de la Consejería de Interior que afecta al servicio de escoltas que creó Quim Torra, la llamada ‘guardia pretoriana’, para que el Govern depure a Trapero y le aparte de la dirección del cuerpo policial autonómico, así como a diversos escoltas acusados de ser simpatizantes de Ciudadanos y Vox.

Cinco grupos independentistas vinculados a los Mossos d’Esquadra (Adic Departament d’Interior, Guilleries Mossos, Mossos per Democràcia, Mossos per la República Catalana y SindicatSAME) firmaron un comunicado el 3 de agosto pidiendo a Pere Aragonès (ERC), presidente de la Generalitat, al que también criticaron, que le retirase la confianza a Trapero «por haber manifestado que se opondría nuevamente a un referéndum mayoritariamente querido por la ciudadanía catalana» y por haber dicho que cree en la Justicia española.

Y recordaron además que, en su momento, Trapero «diseñó un plan para detener a todo un gobierno democráticamente escogido», en referencia a lo defendido por el mayor de los Mossos d’Esquadra durante el juicio en el Supremo, primero, y luego ante la Audiencia Nacional, que acabó absolviéndolo de cualquier responsabilidad penal por el ‘procés’.

Nuevas áreas de escoltas

Estos colectivos criticaron la desaparición del Área de Seguridad Institucional (ASI), la «guardia pretoriana» creada por Torra en 2019 para escoltar al presidente de la Generalitat y cuya dirección se retiró de Trapero y la Prefectura de los Mossos d’Esquadra, en contra de la opinión del mayor; y pidieron a Aragonès que, además de depurar a Trapero, se retiren más competencias a la Prefectura –que se rige por cuestiones técnicas– y pasen bajo control político.

De hecho, la remodelación de la Consejería de Interior mantiene esa dependencia política para el Área de Seguridad de la Presidencia de la Generalitat (ASPG), que sustituye a la ASI, y que estará en manos de la Dirección General de la Policía, cuyo responsable es Pere Ferrer, que a su vez trabajó con los consejeros Jordi Jané (CiU), Quim Forn (Junts) y Miquel Buch (Junts), y que Joan Ignasi Elena (ERC), actual consejero de Interior, lo ratificó en el cargo.

Este departamento de escoltas presidenciales se encargará de la vigilancia de Aragonès, así como de su vivienda privada, edificios determinados de la Generalitat y la seguridad de los expresidentes autonómicos que así lo quieran. En este sentido, estos grupos independentistas radicales criticaron que no se ofrezca el servicio de escolta a Puigdemont, que no cuenta con el visto bueno del Ministerio de Interior ya que está fugado de la Justicia.

La reforma también afecta a los escoltas del resto de autoridades, que se agruparán en el Área de Seguridad de Autoridades (ASA), y que tampoco dependerá de Trapero ya que la dirección estará en manos de Ferrer.

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