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El Gobierno se queda solo en su defensa del modelo actual de elección del CGPJ

JJpD, la asociación de Llop, también apoya que la carrera elija a sus vocales

«Todas las asociaciones judiciales estamos de acuerdo en que es necesario reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ para que sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial».

La frase es de un comunicado conjunto emitido este lunes por las cuatro organizaciones mayoritarias, que, sin ausencias ni excepciones por primera vez en toda la Legislatura, evidencia que el Gobierno está cada vez más solo en su defensa del modelo actual de elección. Además de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), las tres que ya fueron hasta Europa con su reclamación de un cambio que ataje la politización de la carrera, la declaración la firmaba igualmente Jueces y Juezas para la Democracia.

Esta organización, que se presume más cerca de una línea progresista y a la que pertenece la actual ministra de Justicia Pilar Llop, venía centrando sus reivindicaciones en estos últimos tiempos en la urgencia de una renovación del Consejo, no tanto en el cambio de modelo. Ayer, sin embargo, salió en bloque con las otras tres, transmitiendo el mensaje de que toda la carrera judicial está unida y comparte posición.

La portavoz de JJpD, Ascensión Martín, apuntaba ayer a ABC que si bien la asociación tiene como principio la defensa de esa elección de los jueces entre sus iguales, hasta ahora ha orillado este debate en pro de lo que le parecía y sigue pareciendo prioritario, que es la caducidad del Consejo. Pero la situación ha llegado ya a un punto en que era necesario evidenciar que es más lo que une a las asociaciones que aquello que las separa.

En este sentido, la declaración resumía que «las discrepancias existentes entre las asociaciones judiciales están relacionadas con la conveniencia de proceder a la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ con carácter inmediato o más adelante». «Esta discrepancia, por importante que sea, es completamente ajena a las diferencias que existen entre las formaciones políticas a propósito de esta cuestión», añadía.

Ese es el origen del malestar que dio lugar al comunicado. Las asociaciones asisten a un intercambio continuo de titulares en prensa entre el Gobierno y la oposición sobre quién tiene o no la responsabilidad del actual bloqueo, con, en sus palabras, «declaraciones de responsables políticos en las que se utiliza el debate existente en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con fines exclusivamente partidistas».

De ahí un posicionamiento de unidad que es un aviso a navegantes, dentro y fuera del Ejecutivo, para dejar claro que del sentir de los jueces en España deben hablar los propios jueces. Nadie más.

De fondo, lo que subyace es que el grueso de la carrera ve esta «grave anomalía» constitucional de tener el órgano de gobierno de los jueces congelado desde hace más de mil días como una oportunidad para poner fin a la politización. Es decir, reformar el sistema de elección en pro de un sistema que permita a los jueces elegir a sus iguales en línea con la pauta que viene marcando Europa.

La pauta de Europa

Fueron, de hecho, APM, AJFV y FJI, que reúnen a la mitad de jueces de la carrera, quienes llevaron de nuevo el asunto a la Comisión Europea para alertar de que en España se seguía «en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial» al no cambiar de modelo. También fueron esas asociaciones las que pidieron al Partido Popular que no aceptase una negociación para la renovación que no pasara por una reforma.

Ahora, ya no son tres sino las cuatro y aunque discrepan en los tiempos, hay algo que está por encima: el mensaje a los ciudadanos de que los jueces se mantienen «ajenos a las disputas políticas» y comprometidos con la independencia y la sociedad. «El compromiso de las asociaciones judiciales es trabajar para que ello siga siendo así en el futuro», aseguran.

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