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El fiscal defiende al Tribunal de Cuentas y su independencia

Avala el «rigor jurídico» de la factura de 5,4 millones por la promoción exterior del procés

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas defendió ayer en la vista por la factura del «procés» la independencia del organismo fiscalizador, en el punto de mira del independentismo y considerado por el propio Gobierno una «piedra» en el camino del diálogo con el soberanismo que abandera tras los indultos a los condenados del «procés».

Tras anunciar el ministro de Justicia que la Abogacía del Estado no iba a presentar demanda alguna contra más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat –entre ellos los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras y el ex conseller de Exteriores Raül Romeva–, argumentando que no es necesario dar ese paso una vez el tribunal ha cuantificado en 5,4 millones el supuesto dinero desviado para promocionar el «procés» en el extranjero, la actuación de la Fiscalía en este procedimiento estaba más que nunca en el punto de mira.

Hasta el punto de que en la vista celebrada el pasado martes en la sede del tribunal –durante la cual se comunicó a las defensas de los afectados la liquidación provisional de los gastos a los que ahora tienen 15 días para hacer frente si quieren evitar el embargo de sus bienes–, algunos letrados pusieron en duda en sus intervenciones la independencia del Ministerio Público.

Pero lejos de sembrar dudas sobre la actuación inspectora de la institución, durante su turno de palabra el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, defendió –según fuentes jurídicas– «el rigor jurídico» y la «independencia» del tribunal y de la instructora del procedimiento.

La Abogacía del Estado, por contra, guardó silencio según las fuentes consultadas, que interpretan que al no haber intervenido el abogado del Estado «está de acuerdo con la liquidación» al margen de que finalmente presente o no demanda.

La legitimación de la Abogacía, está además puesta en duda por la Generalitat y algunas defensas –como la de Puigdemont, entre otros–, que consideran que la única administración perjudicada, y por tanto con derecho a reclamar por el dinero supuestamente desviado para el «procés», es el Gobierno autonómico. Pero el representante legal de la Generalitat se encargó, en la primera sesión de la vista, de reiterar expresamente que no se considera perjudicada al no haberse producido un menoscabo en las arcas autonómicas.

Ante el silencio de los Servicios Jurídicos del Estado, fueron los abogados de Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución (que ejercen la acusación popular) quienes defendieron que la Abogacía del Estado sí está legitimada para intervenir en el procedimiento, pues entienden que esta liquidación se acumula a la que efectuó el Tribunal de Cuentas del 1-O (4,1 millones de euros) porque, en definitiva, «se está cuantificando la malversación del procés y en la causa del Tribunal Supremo ya estaba personada».

Será, en todo caso, una cuestión sobre la que la institución deberá pronunciarse ya en la fase de enjuiciamiento, que se afrontará una vez sea definitiva la factura por la promoción exterior del plan soberanista, una vez resueltos los recursos de las defensas.

Finalmente, la instructora ha exonerado a los ex consejeros de Presidencia Neus Munté y Jordi Turull, uno de los condenados por el «procés» indultados por el Gobierno, al considerar que ninguno de los dos, que ejercieron el cargo en 2016 y 2017, eran competentes en materia de acción exterior tras la creación en enero de 2016 del Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat, informaron fuentes del tribunal. Del mismo modo, ha dejado al margen del procedimiento a otras seis personas a las que en principio se consideraba responsables contables de esos gastos en entredicho, la mayoría interventores de la Administración catalana.

El Tribunal de Cuentas ha cuantificado en 5.422.879,48 euros el supuesto desvío de dinero público de la Generalitat para promocionar el «procés» en el extranjero entre 2011 y 2017, un montante al que deberán hacer frente 34 ex altos cargos de la Generalitat. La institución fiscalizadora reclama a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras 1,9 millones; 2,8 al ex president Artur Mas; 2,1 al ex conseller de Exteriores Raül Romeva y 2,7 al que fuera responsable de Economía Andreu Mas-Colell.

La partida más voluminosa se corresponde con las actividades de Diplocat para difundir en el exterior el plan soberanista (3,8 millones), seguida del gasto de las «embajadas» catalanas (1,2 millones). Por último, los viajes de los miembros del Govern al extranjero para promocionar el proceso independentista supusieron un desembolso de dinero público de 389.537 euros.

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