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El Banco de España pide implantar la ‘mochila austríaca’ con 8.000 millones de los fondos europeos

El supervisor alerta de que la recuperación arrastra una «considerable incertidumbre» y subraya que el 42% de los municipios en España están en riesgo de desaparecer por la despoblación: solo la superan Letonia, Finlandia y Estonia

El Banco de España reclama en su último informe anual una ambiciosa agenda de reformas al Gobierno para los próximos años y, en este sentido, marca en rojo una de sus peticiones habituales: la ‘mochila austríaca’. Este mecanismo consiste en la aportación por parte de la empresa de un fondo para cada trabajador que después puede recuperar al jubilarse, por despido o, parcialmente, si se cambia de empresa. El organismo comandado por Pablo Hernández de Cos propone un sistema en el que se fija una reducción del 50% de los costes de despido actuales para las empresas que, a cambio, tendrían que pagar las ‘mochilas’ de sus empleados, a razón de seis días por año trabajado.

Para ayudar a las empresas a ‘llenar las mochilas’ de sus trabajadores en un inicio, el Banco de España propone que el Estado aporte 8.031 millones en los primeros cuatro años –a razón de cinco días por año trabajado en el primer ejercicio, cuatro en el siguiente, después tres y por último dos–. Parte de esta financiación, propone, puede venir de los fondos europeos. De esta forma, calcula que el coste para las compañías sería muy similar al del actual sistema, tomando de referencia lo que ocurrió en el mercado laboral en el periodo 2013-2016 y simulando que entonces se hubiera adoptado este régimen mixto transitorio.

El supervisor pone de ejemplo a un trabajador con un salario mensual de 1.500 euros al mes, con inicio de contrato el 1 de enero de 2011, que sufriese un despido objetivo por razones económicas el 31 de diciembre de 2014, percibiría 60 días de sueldo (20 por cada año anterior a la reforma y 10 por cada uno posterior), es decir, 3.000 euros de indemnización. Además, dispondría de otros 600 euros en su fondo individual (6 días por año después de la reforma) para un total de 3.600 euros. Ese mismo trabajador, en el esquema actual sin reforma, percibiría 80 días (20 por cada uno de los 4 años de antigüedad), es decir, 4.000 euros. Por el contrario, si el trabajador se moviese voluntariamente a otra empresa, en el esquema actual no percibiría nada, pero dispondría de un fondo de 600 euros bajo la reforma propuesta.

La intención del sistema, en palabras del Banco de España, sería mitigar los costes de la indemnización por despido a lo largo de la vida laboral del empleado, además de desvincular, parcialmente, los despidos del coste de cada trabajador. La propuesta del Banco de España llega en un momento clave para la reforma de las pensiones y laboral pedidas por la Unión Europea a cambio de recibir los 140.000 millones de euros en fondos. La ‘mochila austríaca’ es un instrumento reclamado en repetidas ocasiones a España por la Comisión Europea y el FMI. La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, incluyó en la Agenda del Cambio de 2019 la medida, a la que se opone fuertemente Podemos, que entiende que abarata el despido.

La propuesta del Banco de España trata de salvar este argumento manteniendo los días por año trabajado que ‘genera’ el trabajador –suman indemnización y ‘mochila’, eso sí–, aunque admite que hay casos en los que habrá empleados que salgan perdiendo y ganando, así como empresas. Para desincentivar que la medida eleve el número de empresas que hagan un uso intensivo del despido, el Banco de España propone aprobar un sistema de ‘bonus’ y ‘malus’ que lastre a las compañías que mas contratos extingan.

España, líder en ERTE dentro de la UE

Junto a ello, en su informe anual el Banco de España también llama la atención sobre el coste que la crisis ha tenido en las finanzas públicas. España, de hecho, es el país con más empleados en ERTE de Europa en porcentaje del empleo total, con más de un 6% de trabajadores de media afectados en 2020 por un ERTE de suspensión, frente a entornos superiores al 4% de FranciaPortugal Italia, y muy superior al 3% de media en la Unión Europea. Precisamente, el coste de la crisis en las finanzas públicas se sitúa en los 4,5 puntos del PIB de acuerdo al supervisor.

Recuperación incierta

Como fuere, la institución cree que la recuperación enfrenta una «considerable incertidumbre», derivada de la recuperación del turismo, la vacunación y de las reformas, además de la rapidez con la que vuelva el consumo, canalizando lo ahorrado estos meses por los hogares.

Ante ello, reclama revisar los beneficios fiscales y destaca que IVA Sociedades son los impuestos en los que hay una mayor brecha con Europa en presión fiscal. «De acuerdo con los datos de Eurostat, en 2019 la recaudación impositiva en España alcanzó el 34,8% del PIB, 2 pp menos que en el promedio simple de los países de la UEM. La mayor parte de esta menor recaudación (1,8 pp) se debió a la inferior presión fiscal ejercida por la imposición indirecta en nuestro país», señala el Banco de España, que añade que «la Airef recomienda, entre otras medidas, la revisión de los tipos reducidos del IVA, la reformulación de la reducción por arrendamiento de vivienda en el IRPF y la reconsideración de los tipos reducidos en los impuestos especiales sobre el diésel».

Junto a estos problemas económicos, el Banco de España aborda un asunto de índole social y territorial de primer orden como la despoblación. El supervisor alerta de que hay 3.403 municipios en riesgo de despoblación (el 42 % de los municipios de España), un porcentaje muy superior al presente en Europa. En Alemania solo un 1% de los municipios están en esta situación, frente al 7%de Francia o el 4% de Italia. Solo Letonia, Finlandia y Estonia superan a España en la UE.

Desde el supervisor admiten que hay razones que empujan a la eficiencia económica en la concentración urbana de la población, si bien también algunos estudios recientes detectan fenómenos que dan a entender lo contrario. Ello se da en la existencia de fricciones, que puedan dificultar el libre movimiento de empresas y trabajadores por la existencia de factores que impiden asentarse en determinados territorios, por razones de infraestructura y servicios. También por externalidades: el impacto de trabajadores con sueldos altos en la creación de empleo poco cualificado es mayor en unas zonas que en otras.

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